La destrucción de
las playas españolas
La Ley de Costas no ha podido frenar el deterioro del litoral, que se
gestiona como un espacio económico. Las todopoderosas industrias de la
construcción y el turismo marcan las pautas de su uso y explotación
Más del 50% de las playas y el 70% de las dunas en la costa
española están degradadas o profundamente alteradas; el 60% de los humedales
que había en 1950 ha desaparecido; más del 60% del entorno inmediato de las
playas de las costas mediterránea, atlántica sur y de los archipiélagos está
urbanizado. Con los ritmos de ocupación seguidos en los últimos 60 años,
incluidos los tres periodos de recesión económica habidos, hacia el año 2030 la
totalidad de la costa española estará tocada por actividades humanas.
La costa es la franja marítimo-terrestre donde la corteza
pasa de estar permanentemente sumergida a ser tierra firme; un paisaje complejo
de múltiples colores y texturas; un organismo vivo en permanente proceso de
remodelación y embellecimiento por la acción de las fuerzas de la naturaleza;
el destino final de las olas y de los maremotos; una esponja que amortigua y
controla sus acciones; el principio de los encuentros del hombre con el mar.
El Reino de España tiene algo menos de 10.000 kilómetros de
costa; calas, rasas y acantilados, ramblas y deltas, estuarios, rías y
marismas, flechas, cordones y lagunas litorales, playas de arena y guijarros,
dunas..., son algunas de las formas naturales que albergan ecosistemas
esenciales para la diversidad biológica, que se podían encontrar a lo largo y
ancho de la costa española y que formaban parte de su patrimonio paisajístico
único, finito, frágil y sensible.
Posiblemente, fueron las cualidades excepcionales de la
costa y la tradición jurídica las que motivaron que la Constitución Española,
Artículo 132.2, proclamara como bienes de dominio público la zona
marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de
la zona económica y la plataforma continental, y ordenara su regulación por
Ley.
La Ley de Costas, Ley 22/1988, reconoce el carácter público de la costa y
define la parte terrestre de estos bienes y los integra en un concepto
territorial, la ribera del mar, utilizado en el Código de las Siete Partidas
por el rey Alfonso X el Sabio; además, acota, regula y administra su uso y
ocupación temporal. Ella y la normativa adicional de las Comunidades Autónomas
son los instrumentos jurídicos indispensables para que el patrimonio colectivo,
especialmente valioso como espacio natural de libertad, sea preservado para el
uso y disfrute de los ciudadanos. La Administración General del Estado, las
Comunidades Autónomas y los Municipios son responsables de que así sea.
El deslinde es el procedimiento que establece la Ley de
Costas para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DMPT). Cualquier
uso no común, que por su naturaleza no pueda realizarse sino en la ribera del
mar, requiere de un título administrativo, concesión, reserva o adscripción.
Desde el deslinde, la ley proyecta su incidencia hacia el interior del
territorio, en bandas paralelas a la línea de costa, estableciendo servidumbres
de acceso y tránsito y protección (limitación) frente a la urbanización,
imprescindibles para garantizar la integridad física y el uso común del DMPT.
Sin embargo, una parte de la costa española está en manos
privadas, urbanizada, alterada profundamente o destruida. Ya en 1988, en la
exposición de motivos de la Ley de Costas, se decía: "Este doble fenómeno
de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su
longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, (...) con
una perspectiva de futuro, tenga como objetivos (...) la protección y
conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales...".
La realidad es que la Ley de Costas no ha podido frenar los
motivos por los que fue promulgada. Desde hace una década, los informes anuales
Destrucción a toda costa de
Greenpeace son referencia crítica de la creación de la burbuja inmobiliaria y
de las connivencias de las distintas administraciones públicas con lo que
ocurre en las costas españolas.
A
principios de la década de los sesenta del siglo pasado, se accedía a las
playas al norte de Oropesa (Castellón) hasta Alcossebre por caminos rurales,
entre campos de olivos y naranjos. Formaban parte de la denominación turística
de costa de Azahar. Los desarrollos urbanos de Marina d'Or y Torrenostra han
transformado de forma radical la costa primitiva y han encajado el Parque
Natural del Prat de Cabanes. Al norte, las urbanizaciones de Alcossebre rampan
por las estribaciones del Parque Natural Sierra de Irta; ¿qué les depara el
futuro al Prat de Cabanes y a la Sierra de Irta?
Son
Bou es una de las playas de Es Migjorn en Menorca. Sus arenas blancas, sus
dunas y el humedal que a mediados del siglo pasado aún se comunicaba con el mar
por varias golas son sus principales cualidades naturales. Al este reposan las
excavaciones de una basílica paleocristiana, encajonadas por edificios
irrespetuosos e ignorantes y levantados sobre las dunas. La reciente
construcción de una carretera y un aparcamiento sobre la laguna litoral anuncia
lo peor: ¿en los próximos años se urbanizarán la laguna y las dunas de Son Bou?
A
principios del siglo XX, entre los cabos de la Huerta (Alicante) y Palos (Murcia)
dando apoyo a la Manga, se podían disfrutar unos 100 kilómetros de costa
formada, en su mayor parte, por playas barrera y lagunas litorales entre
pequeños tramos acantilados. Sobre aquellas se construyeron pueblos barrera de
edificios barrera. Lo que fue bello ahora es lineal, monocromático y simple,
sin valor ambiental; todos ellos están amenazados por la subida del nivel del
mar asociada al calentamiento global. Se pronostica que, en este siglo, el mar
ascenderá entre medio metro y un metro. ¿Se protegen o se desmantelan estos
desarrollos urbanos? ¿Quién paga?
La
construcción de un hotel mastodóntico sobre el acantilado de la playa del
Algarrobico, posiblemente para delimitar (colonizar) un tramo de costa
"urbanizable" en las cercanías de Carboneras, ha disparado todas las
alarmas. Ocupa terrenos del Parque Natural del Cabo de Gata, que alberga un
entorno privilegiado donde todavía es posible el diálogo libre del hombre y la
costa. Otros desarrollos penden sobre este parque natural: el crecimiento brutal
de San José acosando la playa de los Genoveses y las propuestas urbanizadoras
de las Salinas y la Fabriquilla. ¿Son compatibles estas ocupaciones con la
Constitución y la Ley de Costas?
Son
solo algunos ejemplos. Si las evidencias naturales, las consecuencias y las
leyes son tan contundentes, ¿por qué se sigue destruyendo el patrimonio
colectivo e ignorando lo que dicen la ciencia y el conocimiento? Si en las
últimas elecciones generales todos los partidos llevaron en su zurrón de promesas la sostenibilidad de
la costa, ¿por qué allá donde gobiernan porfían con el desarrollo urbanístico a
toda costa? ¿Dónde quedó la política del anterior Gobierno, conflictiva, sí,
pero a favor de la sostenibilidad de la costa, de los derechos de más de 45
millones de ciudadanos y de un legado ejemplar, justo y solidario, y acorde con
el valor ambiental de la costa española?
Desde
hace más de 60 años, con breves y notorias excepciones, la costa española se
gestiona, principalmente, como un espacio económico donde las todopoderosas
industrias de la construcción y del turismo marcan las pautas de uso y
explotación, y los municipios costeros encuentran la vía de construir y mejorar
sus infraestructuras y financiar sus gastos corrientes. Cuando hay desastres
naturales, todos ellos son los primeros en demandar la reconstrucción y las
subvenciones pertinentes. Entonces, los partidos políticos callan ante la
sinrazón y otorgan. Si las leyes no son las adecuadas, se deben cambiar, pero,
entretanto, se deben cumplir con tolerancia cero.
El
futuro es desesperanzador, pues la experiencia pasada y la realidad cotidiana
nos muestran que, en el Reino de España, no se consigue manejar con
inteligencia el binomio desarrollo socioeconómico y proceso evolutivo natural
de la costa. La ambición personal de unos pocos y la complicidad de otros están
provocando la pérdida irreparable de nuestro patrimonio y dejan un legado
insostenible para las siguientes generaciones.
Miguel A. Losada
es director del Centro Andaluz del Medio Ambiente y catedrático de la
Universidad de Granada.
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